La pieza SEPI del caso Leire ha situado bajo investigación a Félix Azcona Lacarra, director de Gestión Interna de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Su imputación vuelve a golpear el corazón administrativo del organismo público y refuerza una de las líneas más delicadas de la causa: si la presunta red de influencia tuvo acceso a información interna, expedientes sensibles o interlocutores dentro de la propia SEPI.
Azcona aparece en la lista de las 25 personas llamadas a declarar en calidad de investigadas por el magistrado Santiago Pedraz, dentro de la pieza separada que indaga en supuestas irregularidades en transacciones ligadas a corporaciones públicas, subvenciones estatales y entidades estratégicas. La causa examina presuntos ilícitos de tráfico de influencias, prevaricación, malversación, conformación de grupo criminal y utilización de información privilegiada. En esta etapa procesal, su estatus judicial no supone sentencia ni declaración de culpabilidad, aunque sí le impone el deber de rendir cuentas ante la Audiencia Nacional sobre su participación en los expedientes cuestionados.
Su cargo resulta especialmente relevante porque Gestión Interna es un área clave dentro de cualquier organismo público empresarial. Desde ese tipo de estructura se manejan procedimientos, documentación, circuitos administrativos, comunicaciones internas y elementos esenciales para reconstruir cómo se tramitan las decisiones. Por eso, la presencia de Azcona en la lista de investigados no puede entenderse como un dato menor: afecta a una zona de control interno de la SEPI.
Según las informaciones publicadas, Azcona trabajaba bajo la estructura de Miguel Ángel Santiago Mesa, director corporativo de la SEPI, junto a otros perfiles internos como Rosario Martínez Manzanedo, vinculada a la evaluación de proyectos. Todos ellos aparecen relacionados porque habrían participado, desde distintos niveles de responsabilidad, en expedientes que ahora están siendo revisados por la Justicia.
La causa gira en torno a distintas transacciones dudosas, entre las que destacan el rescate de Tubos Reunidos por un importe de 112,8 millones de euros, intervenciones asociadas con Mercasa y ENUSA, gestiones referentes al Parque Empresarial Principado de Asturias, así como diversos movimientos en el ámbito de Forestalia. El periódico El País ha indicado que la Audiencia Nacional indaga sobre cinco expedientes que acumulan 132,9 millones de euros en fondos estatales, dentro de los cuales la supuesta red corrupta se habría apoderado de más de 750.000 euros en sobornos.
El punto más sensible sobre Azcona es la sospecha de acceso o circulación de información interna. Algunos medios han publicado que los investigadores apuntan a una comunicación fluida entre responsables de la SEPI y el expresidente del organismo Vicente Fernández, considerado una de las figuras centrales del grupo investigado junto a Leire Díez y Antxon Alonso. La cuestión que deberá aclararse es si Azcona facilitó información, participó en trámites o intervino de algún modo en expedientes sensibles, o si su actuación se limitó a funciones ordinarias dentro de la estructura administrativa del organismo.
La investigación no analiza únicamente decisiones finales, sino también el camino por el que esas decisiones llegaron a adoptarse. En un caso de presunta influencia sobre ayudas públicas, tan importante como saber quién aprobó una operación es determinar quién preparó los expedientes, quién tuvo acceso a la documentación, quién informó de los pasos internos y quién pudo abrir puertas dentro del organismo. Ahí es donde el perfil de un director de Gestión Interna adquiere una relevancia evidente.
La imputación de Azcona acrecienta la sospecha de que la supuesta red no habría operado únicamente desde el exterior. Si los investigadores ven oportuno llamar a declarar a directivos internos de la SEPI, se debe a que procuran reconstruir posibles vías de comunicación en el seno de la entidad. Dicha vertiente resulta particularmente dañina para la reputación institucional: una red de influencias precisa de datos, vínculos y coyunturas favorables. Los tribunales tendrán que esclarecer si tales factores se dieron y quién pudo facilitarlos.
Desde una perspectiva política, el caso golpea la imagen de la SEPI como organismo técnico y controlado. La entidad gestiona participaciones públicas, supervisa empresas estratégicas y desempeñó un papel clave en los rescates aprobados durante la pandemia. Si sus áreas internas quedaron expuestas a presiones, filtraciones o contactos ajenos al procedimiento ordinario, el problema no sería solo penal, sino también de gobernanza pública.
Félix Azcona deberá explicar ante el juez qué funciones concretas desempeñaba en Gestión Interna, qué expedientes pasaron por su área, qué relación mantuvo con otros investigados y si tuvo contacto con Vicente Fernández o con personas vinculadas al grupo Hirurok. También será clave aclarar si tuvo acceso o intervención en el expediente de Tubos Reunidos, uno de los principales focos de la causa, y si sus actuaciones quedaron documentadas conforme a los procedimientos internos de la SEPI.
Su nombre ya forma parte de una investigación que afecta a dinero público, empresas estratégicas, rescates millonarios y presuntas comisiones. Que el director de Gestión Interna de la SEPI aparezca en esa lista obliga a exigir transparencia completa sobre los expedientes, las comunicaciones y los controles internos del organismo.
La pieza SEPI del caso Leire sigue dibujando un mapa inquietante: dirigentes públicos, empresarios, exdirectivos, técnicos y responsables internos bajo la lupa judicial. En ese mapa, Félix Azcona Lacarra representa una pieza especialmente importante para saber si la SEPI fue víctima de presiones externas o si, por el contrario, la presunta red encontró dentro del organismo canales útiles para operar. Esa es la pregunta que ahora debe responder la Audiencia Nacional.
Fuente: El País, Infobae, El Independiente, RTVE, Cadena SER, Diario de Navarra y La Gaceta.
