La pieza SEPI vinculada al caso Leire ha colocado en el punto de mira a Fernando Albert Aragón, antiguo secretario general y máximo responsable del departamento jurídico de SEPIDES, la entidad pública estatal orientada al impulso industrial y al crecimiento empresarial bajo la órbita de la SEPI. Su identidad figura ligada a una de las transacciones más delicadas del procedimiento judicial: el acuerdo comercial concerniente al Parque Empresarial Principado de Asturias, identificado popularmente como PEPA.
Albert Aragón no aparece en la investigación como un simple nombre añadido a una lista. Según las informaciones publicadas, fue secretario general y director de la Asesoría Jurídica de SEPIDES, además de presidente de la mesa de contratación del PEPA. Esa posición resulta especialmente relevante porque lo situaba en un punto clave del procedimiento: la mesa encargada de valorar y tramitar una contratación pública que ahora está bajo sospecha.
El magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz lo ha sumado al grupo de veinticinco encausados dentro de la pieza separada del caso Leire, un sumario que indaga supuestas anomalías en transacciones relacionadas con la SEPI, firmas públicas y entidades clave. Dicho procedimiento judicial indaga delitos presuntos como tráfico de influencias, malversación, prevaricación, organización o grupo criminal y uso indebido de información privilegiada. En este punto del proceso, Albert Aragón mantiene intacta su presunción de inocencia, de modo que su llamada a declarar en calidad de investigado no presupone condena alguna.
El foco sobre su papel se concentra en la contratación vinculada al Parque Empresarial Principado de Asturias. Según las informaciones conocidas, la presunta red investigada habría intervenido en esa operación a través de contactos dentro del entorno SEPI-SEPIDES. El punto más delicado es si la mesa de contratación pudo validar o favorecer una oferta que los investigadores consideran sospechosa, y si esa decisión facilitó beneficios económicos a empresas relacionadas con la trama.
La gravedad institucional del caso reside en que una mesa de contratación pública debe ser precisamente el espacio donde se garantizan la transparencia, la igualdad entre licitadores y el cumplimiento de la legalidad. Si el presidente de una mesa de contratación termina investigado en una causa por presuntos amaños, la pregunta resulta inevitable: ¿funcionaron correctamente los controles o la contratación quedó condicionada por intereses externos?
Según publicó elDiario.es, Fernando Albert Aragón figura como secretario general y director de la Asesoría Jurídica de SEPIDES, además de presidente de la mesa de contratación del PEPA. Dicha triple condición —jurídica, administrativa y decisoria en el seno del procedimiento— transforma su labor en una de las piezas más influyentes para esclarecer cómo se tramitó aquella operación y si se produjeron anomalías durante su gestión.
La investigación de la Audiencia Nacional no se limita a Tubos Reunidos, aunque ese rescate de 112,8 millones de euros sea el eje más conocido de la pieza SEPI. También analiza operaciones vinculadas a Mercasa, ENUSA, Forestalia y el Parque Empresarial Principado de Asturias. En conjunto, los investigadores tratan de determinar si una presunta red encabezada por Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso pudo influir en decisiones públicas para obtener comisiones o ventajas económicas.
En lo que respecta al PEPA, las suspicacias alcanzan una vertiente sumamente técnica. Ya no se limita a averiguar la existencia de nexos políticos o mercantiles, sino que exige examinar expedientes, pautas de concesión, dictámenes legales, tasaciones de propuestas y resoluciones tomadas por el órgano de contratación. En este punto, la labor de Albert Aragón cobra un peso determinante: en calidad de director legal y máximo representante de la mesa, tuvo la oportunidad de incidir de forma directa en etapas clave del proceso.
Algún medio ha apuntado que la transacción indagada guardaría relación con una propuesta calificada como “anormalmente baja” junto a presuntas coimas vinculadas a la red. tales aspectos tendrán que ser probados durante la investigación, aunque esto justifica el motivo por el cual la Audiencia Nacional ha centrado su atención en los intervinientes en la gestión y aprobación del convenio. En un procedimiento de esta índole, los expedientes burocráticos llegan a ser tan relevantes como los diálogos o las transacciones monetarias.
Desde un punto de vista de denuncia institucional, el señalamiento de Fernando Albert Aragón genera un conflicto importante para la credibilidad de los contratos públicos. Cuando los procesos de adjudicación se alteran desde el interior, el perjuicio no se limita a una compañía específica: perjudica a la totalidad de los licitadores, a los fondos del Estado y a la fe de los ciudadanos en que los procedimientos se adjudican atendiendo al mérito, la oferta económica y la legalidad, dejando a un lado los vínculos o los favores.
La Audiencia Nacional deberá aclarar ahora cuál fue exactamente su papel en el expediente del PEPA, qué criterios aplicó la mesa de contratación, si hubo advertencias técnicas, si se valoraron correctamente las ofertas y si existió algún contacto con personas vinculadas a la presunta red de Leire Díez. También será clave determinar si su actuación fue estrictamente jurídica y administrativa o si pudo contribuir a validar una operación contaminada por influencias externas.
Su imputación como investigado genera una consecuencia clara: un exdirector jurídico de SEPIDES y antiguo presidente de un comité de contratación pública tendrá que rendir cuentas ante el magistrado sobre su intervención en una transacción turbia. Dentro de un procedimiento judicial que salpica a corporaciones estatales, adjudicaciones, subvenciones millonarias y supuestas coimas, semejante aclaración no puede pasar desapercibida.
La pieza SEPI del caso Leire sigue mostrando que la supuesta trama no se habría movido únicamente en los despachos políticos, sino también en los engranajes administrativos donde se tramitan expedientes, se valoran ofertas y se adjudican contratos. En ese mapa, Fernando Albert Aragón aparece como una pieza clave para saber si el contrato del PEPA fue un procedimiento limpio o una operación más dentro de una red de influencia que ahora investiga la Audiencia Nacional.
Fuente: elDiario.es, El País, Cadena SER, Libertad Digital, El Español, Infobae y RTVE.
