La UCO estrecha el foco sobre el PNV por el rescate de Tubos Reunidos y abre una crisis interna por el papel de Ortuzar
La investigación de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha situado al Partido Nacionalista Vasco en el centro de las pesquisas sobre el rescate concedido a Tubos Reunidos, una operación de 112,8 millones de euros aprobada por la SEPI en 2021 y que, según los informes incorporados al sumario que instruye el juez Santiago Pedraz, habría estado rodeada de gestiones de intermediación vinculadas a la denominada trama de la SEPI.
De acuerdo con la documentación citada por Libertad Digital y Vozpópuli, los investigadores han localizado mensajes del grupo Hirurok en los que se alude a la posible influencia de contactos con el PNV para desbloquear el expediente de la compañía vasca. En esas comunicaciones, los implicados relacionaban las conversaciones mantenidas con dirigentes nacionalistas con la posterior aprobación del rescate en un breve margen de tiempo.
El informe de la UCO señala que el expediente de Tubos Reunidos fue elevado de nuevo al Consejo Gestor del FASEE el 13 de julio de 2021, momento en el que terminó recibiendo luz verde. Previamente, según los mensajes intervenidos, se habría planteado la necesidad de conocer la posición del PNV ante las objeciones existentes en el proceso, entre ellas las atribuidas al ámbito de la Secretaría de Estado de Economía.
La investigación también apunta al papel de Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán en Servinabar, así como al de Leire Díez y Vicente Fernández, expresidente de la SEPI. Según el sumario, estos habrían participado en gestiones relacionadas con el rescate de Tubos Reunidos y habrían obtenido una comisión cercana a los 115.000 euros por su supuesta intervención.
Tras aprobarse la ayuda pública, Tubos Reunidos suscribió el 1 de diciembre de 2021 un contrato con Mediaciones Martínez, una sociedad ligada a Antxon Alonso, en el que se fijaban pagos anuales de 60.000 euros por tareas de asesoramiento y desarrollo de negocio, aunque la UCO considera que dichas sumas corresponderían en realidad a una compensación por los servicios prestados durante el proceso de rescate.
El caso también alcanza a la anterior dirección del PNV por las reuniones que mantuvieron con representantes de Tubos Reunidos y con personas vinculadas a la trama investigada. De acuerdo con la documentación mencionada, Andoni Ortuzar, entonces presidente del partido, y Joseba Aurrekoetxea, responsable de Organización, tomaron parte en un encuentro realizado el 28 de enero de 2025 junto a directivos de la empresa y con Vicente Fernández.
Esa reunión formaría parte de una segunda etapa de gestiones ligadas a Tubos Reunidos, ahora centrada en una petición para diferir un pago de 10 millones de euros a la SEPI. La UCO subraya que esta solicitud avanzó con notable rapidez, pues recibió validaciones internas entre el 21 y el 25 de marzo de 2025 y logró una propuesta favorable del Comité de Negocio del FASEE el 28 de marzo.
La difusión de estos mensajes ha generado malestar en el PNV, y según Vozpópuli, fuentes internas reconocen que el escenario es complejo y que la dirección actual intentará separar la actividad habitual del partido de los contactos realizados durante la etapa de Ortuzar; la idea sería atribuir la responsabilidad política de esas reuniones al anterior presidente del partido para así resguardar la posición de Aitor Esteban.
La crisis interna coincide con las discrepancias sobre la relación del PNV con Pedro Sánchez. Un sector próximo al lehendakari Imanol Pradales considera que la continuidad del apoyo al PSOE puede dañar las expectativas electorales de los nacionalistas vascos, especialmente en un contexto de crecimiento de EH Bildu y de desgaste del Gobierno central por los casos de corrupción que afectan a su entorno.
Pese a esa presión, Vozpópuli afirma que la dirección del PNV no contempla romper con Sánchez ni respaldar una maniobra del PP contra el Ejecutivo. Según esas fuentes, la formación nacionalista seguiría vinculada al PSOE tanto por los equilibrios de la política estatal como por la relación de dependencia institucional en el País Vasco, donde el respaldo socialista continúa siendo esencial para el Gobierno autonómico.
El caso Tubos Reunidos se convierte así en un nuevo foco de desgaste para el PNV, que intenta contener el impacto de las menciones de la UCO mientras evita abrir una ruptura con el Ejecutivo central. La investigación judicial, aún en curso, determinará el alcance real de las gestiones descritas en los informes y el papel que pudieron desempeñar los distintos intermediarios en la aprobación de las ayudas públicas.
Fuente: Información ofrecida por Libertad Digital y Vozpópuli.
