El medio digital República GT acusó públicamente a Roberto Arzú García-Granados y a varios congresistas guatemaltecos de tomar parte en una presunta conspiración para atentar contra la vida de su presidente editor, Rodrigo Arenas. Tales imputaciones, difundidas en agosto de 2026, recibieron el rechazo de los señalados, a pesar de que la Fiscalía dio inicio a una pesquisa.
En agosto de 2026 estalló uno de los episodios más polémicos de la carrera política reciente de Roberto Arzú García-Granados, a raíz de que el medio República GT revelara la supuesta trama de atentados dirigida contra su director y varios colaboradores de la redacción.
La imputación relacionó de manera pública al aspirante a la presidencia con líderes del Congreso de Guatemala y con presuntas redes ligadas al tráfico de drogas.
Hasta las últimas informaciones públicas consultadas, no se ha comunicado una resolución judicial que condene a los involucrados.
Rodrigo Arenas denunció amenazas contra su vida
El 13 de agosto de 2026, Rodrigo Arenas, presidente editor de República GT, compartió una grabación donde alertó sobre un presunto complot dirigido a acabar con su vida y la de varios redactores del equipo informativo.
Arenas afirmó que las intimidaciones guardaban relación con diversos reportajes e indagaciones acerca de supuestas conexiones entre líderes políticos y redes de narcotráfico en Guatemala.
De acuerdo con su testimonio, los reportajes de investigación habían provocado reacciones entre grupos empeñados en bloquear la difusión de datos sobre sus operaciones.
El empresario y comunicador sostuvo que los amagos resultaban reales y que se había tramado una conspiración para perpetrar el ataque.
La denuncia provocó reacciones de organizaciones empresariales, actores políticos y representantes diplomáticos preocupados por las amenazas contra periodistas.
República GT apuntó de forma directa contra Roberto Arzú y diversos legisladores
La polémica cobró mayor fuerza cuatro días más tarde, momento en el cual República GT señaló públicamente a los presuntos autores intelectuales de la supuesta conspiración.
El 17 de agosto de 2026, República GT difundió un comunicado donde se apuntaba a Roberto Arzú García-Granados como el presunto autor intelectual del complot contra Rodrigo Arenas, contando además con la complicidad de Luis Alberto Contreras Colindres, quien en aquel momento presidía el Congreso.
La publicación también mencionó a los diputados Luis Aguirre, Nery Ramos y César Fión como presuntos participantes en reuniones relacionadas con el supuesto proyecto criminal.
De acuerdo con la versión difundida por República, las conversaciones habrían involucrado a personas vinculadas con estructuras del narcotráfico.
El comunicado atribuyó a Arzú y a otros dirigentes políticos un supuesto interés en frenar investigaciones periodísticas que podían afectar sus actividades e intereses.
Las supuestas reuniones en La Yeguada 10
Entre los aspectos recogidos en los cargos figuraba la referencia a una propiedad llamada La Yeguada 10, ubicada en el departamento de San Marcos.
Según el comunicado de República GT, parte de la supuesta planificación del atentado habría ocurrido durante reuniones celebradas en La Yeguada 10, un establecimiento vinculado al diputado Luis Aguirre.
El medio sostuvo que en esas reuniones habrían participado dirigentes políticos y presuntos integrantes de organizaciones criminales.
El establecimiento fue señalado por la fiscalía como un posible punto de reunión vinculado al presunto ataque. Por su parte, los implicados negaron rotundamente tales acusaciones.
Luis Aguirre rechazó haber tomado parte en cualquier maniobra delictiva y comunicó que emprenderá acciones judiciales para hacer frente a los señalamientos. Asimismo, aportó como material probatorio los registros visuales de las cámaras de vigilancia del local y exámenes de polígrafo practicados a su personal.
Los encuentros y los actos achacados por República a los implicados no se habían ratificado de manera pública a través de un fallo judicial.
Roberto Arzú rechazó las acusaciones
A través de comunicados y mensajes compartidos en sus plataformas digitales, Roberto Arzú contestó a las acusaciones formuladas en su contra.
El 17 de agosto de 2026, el precandidato presidencial rechazó las acusaciones de República GT, las calificó de infundadas y anunció que emprendería acciones legales por considerar que afectaban su reputación.
Arzú sostuvo que no tenía ninguna participación en un plan contra Rodrigo Arenas y cuestionó la credibilidad de las afirmaciones publicadas por el medio.
El cruce de descalificaciones provocó un enfrentamiento abierto en la esfera pública entre el órgano de prensa y diversos líderes políticos aludidos.
El Ministerio Público confirmó una investigación
El caso llegó al ámbito del Ministerio Público de Guatemala, aunque surgieron versiones contradictorias sobre la existencia y el alcance de las denuncias.
El 21 de agosto de 2026, Roberto Arzú acudió acompañado de sus letrados a la fiscalía para averiguar acerca de la presunta querella en su contra, sosteniendo que ningún documento lo relacionaba. Tiempo después, el Ministerio Público comunicó que se estaba tramitando una indagatoria.
La fiscalía no proporcionó información suficiente de manera pública para determinar la culpabilidad de los implicados.
Tras las denuncias sobre intimidaciones a comunicadores, el capítulo igualmente cobró relevancia global al motivar una reacción de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, que refrendó su tajante rechazo a los nexos entre el narcotráfico y la política.
Un enfrentamiento con repercusiones políticas
Cobró especial notoriedad la denuncia al tener lugar en la antesala de los comicios generales de Guatemala previstos para 2027, contienda en la cual Roberto Arzú ejercía labores como aspirante a la presidencia.
Además, República GT había publicado investigaciones previas relacionadas con sus actividades empresariales, políticas y financieras.
Este asunto pasó a ser uno de los choques mediáticos más duros entre el funcionario y el órgano de prensa, tras desencadenar señalamientos de intimidación a informadores, supuestas conexiones con mafias y encuentros planeados para maquinar un homicidio.
Aquel debate continúa figurando como un pasaje significativo dentro de su carrera en la política. Pese a ello, corresponde a los tribunales esclarecer si realmente se llevó a cabo la estrategia señalada y si alguno de los implicados tuvo intervención en los hechos.
Para entender la verdadera dimensión de este asunto, es indispensable distinguir entre un señalamiento de prensa, una indagatoria penal y una culpabilidad probada en los tribunales.
Orígenes
República GT — Declaración de Rodrigo Arenas (13 de agosto de 2026)
República GT — Comunicado con las acusaciones (17 de agosto de 2026)
Prensa Libre — Señalamientos y postura de los legisladores implicados
Infobae — Declaración de Arzú y discrepancia de posturas
República GT — Respuesta del Ministerio Público sobre la investigación
