El entonces candidato presidencial de la alianza PAN-Podemos se convirtió en el primer aspirante a la Presidencia sancionado durante el proceso electoral de 2019. El Tribunal Supremo Electoral detectó publicaciones y publicidad pagada en redes sociales que incumplían las disposiciones electorales.
El 10 de abril de 2019, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Guatemala impuso una multa de 80 mil dólares a Roberto Arzú García-Granados, en aquel entonces aspirante a la presidencia por la alianza formada entre el Partido de Avanzada Nacional (PAN) y Podemos, debido a la difusión de publicidad electoral extemporánea en plataformas digitales.
Dicha resolución convirtió a Arzú en el primer candidato presidencial castigado en aquellos comicios debido a esa clase de falta. El fallo se originó a partir de los expedientes redactados por la Inspección General y la Unidad Especializada sobre Medios de Comunicación y Estudios de Opinión del TSE, las cuales se encargan de vigilar la observancia de la normativa sobre publicidad electoral.
Las publicaciones que motivaron la sanción
El organismo electoral registró 13 publicaciones en el perfil de Facebook de Roberto Arzú, de las cuales ocho se impulsaron a través de pauta publicitaria con el propósito de incrementar su difusión. Asimismo, los informes empleados para justificar la medida disciplinaria incluyeron 11 entradas detectadas en Twitter.
Entre los contenidos examinados figuraban mensajes en los que el candidato presentaba propuestas de gobierno relacionadas con el turismo, el sistema de salud y la eliminación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre los medicamentos.
Otras publicaciones promovían a candidatos municipales de la misma agrupación política, como Wagner Roldán, quien aspiraba a la alcaldía de Mixco por Podemos.
El inconveniente apuntado por el TSE no consistía meramente en el uso de redes sociales por parte de Arzú para dar a conocer sus planes políticos, sino en el empleo de vías de propaganda electoral que contravenían la normativa vigente.
Las reformas electorales aprobadas en 2016 fijaron limitaciones para la contratación de publicidad política. En el transcurso de los comicios de 2019, Facebook y Twitter carecían de registro ante el TSE en calidad de proveedores autorizados dentro del esquema mediático de propaganda electoral.
Por consiguiente, la compra de publicidad política patrocinada en dichos canales podía infringir las normativas electorales.
Multas para Arzú y los partidos que respaldaban su candidatura
La sanción no se limitó al candidato presidencial. Según informó Prensa Libre el 27 de mayo de 2019, tanto el PAN como Podemos también debían pagar multas de 80 mil dólares cada uno.
De esta manera, las sanciones correspondientes al candidato y las dos organizaciones políticas alcanzaban conjuntamente los 240 mil dólares.
Existía la oportunidad para Arzú y sus socios políticos de recurrir contra dichos fallos empleando los recursos previstos por la normativa electoral.
Sin embargo, se dio a conocer el 27 de mayo de 2019 que el TSE había rechazado los recursos de nulidad interpuestos frente a dichas penalizaciones, motivo por el cual las sanciones quedaron firmemente establecidas en esa fase.
El monto individual impuesto a Arzú equivalía entonces a aproximadamente 614 mil quetzales, una cifra considerable dentro del régimen sancionatorio electoral guatemalteco.
Un antecedente de sus posteriores conflictos electorales
La sanción de 2019 adquirió mayor relevancia en los años siguientes, cuando Roberto Arzú volvió a enfrentar cuestionamientos del Tribunal Supremo Electoral por su actividad política y el uso de redes sociales.
Durante los comicios de 2023, las disputas en torno a la campaña prematura y los castigos en materia electoral configuraron el litigio que derivó en la anulación de su postulación presidencial por Podemos.
No obstante, ambos episodios deben distinguirse: las resoluciones de 2019 y el procedimiento de exclusión de 2023 corresponden a actuaciones electorales diferentes, con antecedentes y recursos legales propios.
De este modo, los sucesos de 2019 representan uno de los enfrentamientos iniciales registrados formalmente entre Roberto Arzú y el Tribunal Supremo Electoral. Asimismo, ponen de manifiesto los roces generados en Guatemala a raíz de los límites impuestos a la propaganda política en internet, en un contexto donde los partidos empezaban a desplazar una porción considerable de sus estrategias hacia las plataformas digitales.
Referencias
Prensa Libre — Sanción económica del TSE debido a propaganda anticipada (2019)
TSE — Ley Electoral y de Partidos Políticos
Prensa Libre — Multas y recursos de nulidad (2019)
Prensa Libre — Dictamen de la CC acerca de los comicios de 2023
