La Justicia de Chile ordenó este viernes la prisión preventiva del exdiputado Joaquín Lavín León, luego de ser imputado por varios delitos, entre ellos la falsificación de documentos, el fraude al Fisco y el tráfico de influencias. Lavín, quien formó parte de la Unión Demócrata Independiente (UDI) hasta 2024, deberá enfrentar el proceso judicial tras la confirmación de su desafuero por la Corte Suprema en febrero pasado, lo que permitió avanzar con la acusación formal.
El juez Daniel Urrutia, del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, respaldó la decisión al indicar que los delitos atribuidos, sumados a su reiteración, constituyen una amenaza para la comunidad. Según explicó el magistrado, “la severidad de las penas posibles y la índole de los ilícitos superan el rango mínimo del presidio mayor”.
Joaquín Lavín, quien ejerció como diputado durante tres periodos legislativos (2014-2026), está acusado de usar fondos públicos destinados a asignaciones parlamentarias para fines personales y campañas políticas. Según la Fiscalía, el excongresista habría participado en un fraude de aproximadamente 100 millones de pesos chilenos (100,000 dólares estadounidenses), a través de la emisión de facturas falsas y el uso indebido de recursos públicos.
En la misma causa, el tribunal ordenó la prisión preventiva de Arnaldo Domínguez, exasesor de Lavín, quien además enfrenta acusaciones por cohecho, infracciones tributarias y delitos electorales. Las pesquisas señalan que ambos imputados habrían destinado esos recursos al pago de material gráfico y bases de datos empleadas durante diversas campañas políticas.
La investigación ha salpicado de forma indirecta a Cathy Barriga, esposa de Lavín y exalcaldesa de Maipú, quien actualmente cumple arresto domiciliario nocturno y mantiene limitaciones para desplazarse mientras afronta acusaciones vinculadas a presuntos hechos de corrupción ocurridos durante su administración.
Las acciones de Lavín también apuntan a un presunto uso político de los fondos públicos. A pesar de renunciar a la UDI en 2024 tras conocerse las acusaciones en su contra, su implicación dañó la percepción pública de su carrera política, marcada por años de liderazgo. Según la Fiscalía, las maniobras realizadas por Lavín buscaban vulnerar la legislación y apropiarse de recursos públicos bajo mecanismos irregulares.
El caso de Joaquín Lavín pone de relieve el esfuerzo significativo del sistema judicial chileno por enfrentar la corrupción y asegurar que las figuras políticas respondan por sus decisiones, aunque también ha suscitado críticas respecto a los procedimientos que permitieron que su desafuero se extendiera hasta 2026 mientras seguía participando en la labor legislativa.
Procedencia: Agencia EFE – https://efe.com/mundo/2026-05-08/joaquin-lavin-chile-corrupcion
