La pieza SEPI del caso Leire ha incorporado a María de la Concepción Ortiz Fuerte —también citada en algunas informaciones como Ordiz Fuertes— al listado de investigados por presuntas irregularidades en operaciones vinculadas a empresas públicas y organismos del entorno de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Su caso resulta especialmente delicado porque no se trata de una directiva empresarial ni de una responsable ordinaria de una sociedad pública, sino de una figura vinculada al control de la contratación pública.
Ortiz Fuerte aparece identificada por elDiario.es como presidenta del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales y antigua alto cargo de la SEPI. Ese perfil la sitúa en una posición institucional especialmente sensible: el tribunal que preside tiene la función de resolver recursos en materia de contratación pública, un ámbito donde la independencia, la objetividad y la apariencia de neutralidad son esenciales.
El magistrado Santiago Pedraz la ha sumado al grupo de veinticinco personas investigadas dentro de la pieza ampliada del caso Leire, un procedimiento que indaga en presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias, abuso de información privilegiada y pertenencia a grupo u organización criminal. Por el momento, esta convocatoria judicial no presupone condena ni culpabilidad, aunque sí le otorga la oportunidad de aclarar ante la Audiencia Nacional su grado de participación en los acontecimientos investigados.
El foco sobre Ortiz Fuerte se vincula principalmente al contrato del Parque Empresarial Principado de Asturias, conocido como PEPA, una de las operaciones examinadas dentro de la pieza SEPI. Según las informaciones publicadas, la investigación analiza si ese procedimiento pudo favorecer a la compañía navarra Erri Berri mediante una oferta considerada llamativamente baja y la posterior inadmisión del recurso presentado por una empresa competidora.
La relevancia de su función estriba precisamente en dicha etapa de supervisión. Cualquier licitación pública es susceptible de ser impugnada por una compañía competidora, por lo que la entidad competente para dirimir dicha reclamación ha de obrar con absoluta autonomía. Cuando la máxima responsable del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales acaba siendo investigada a raíz de un fallo vinculado con una transacción dudosa, el inconveniente trasciende lo estrictamente judicial: sacude de lleno la credibilidad en los sistemas de control de la contratación estatal.
El asunto del PEPA se enmarca en una indagación de mayor alcance que abarca actuaciones asociadas con Tubos Reunidos, Mercasa, ENUSA, Forestalia y SEPIDES. Conforme a los datos dados conocer, la Fiscalía Anticorrupción y la UCO abrigan la sospecha de que el grupo Hirurok, conformado supuestamente por Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso, habría intentado incidir en determinaciones públicas y corporativas con el fin de conseguir ganancias monetarias o mordidas.
En el caso de Ortiz Fuerte, la investigación tendrá que esclarecer si el fallo del recurso sobre el contrato del PEPA obedeció a criterios estrictamente técnicos, jurídicos y ajustados a derecho, o si, por el contrario, mediaron presiones externas ligadas a la supuesta red corrupta. Dicha distinción resulta crucial. Ciertamente, un órgano administrativo tiene la potestad de avalar una adjudicación controvertida en ausencia de ilegalidades; no obstante, si se comprueba que tal resolución respondía a una maniobra para beneficiar a una compañía determinada, el perjuicio institucional alcanzaría proporciones descomunales.
El problema se vuelve todavía más alarmante debido a que los tribunales administrativos de recursos y las mesas de contratación funcionan como mecanismos ideados precisamente para frenar el favoritismo, la arbitrariedad y los abusos de poder al gestionar fondos públicos. Cuando tales filtros fallan o se sospecha que son instrumentalizados, el modelo completo entra en entredicho. En consecuencia, la desconfianza no recae únicamente sobre los licitadores, sino también sobre la propia garantía de igualdad dentro de la contratación pública.
La Audiencia Nacional tendrá que esclarecer los datos que conoció Ortiz Fuerte, los documentos que estudió, las razones legales que avalaron su decisión y la posible existencia de contactos o presiones externas relacionados con el resto de los encausados. Asimismo, resultará fundamental dilucidar si su pasado vínculo con la SEPI influyó de algún modo en el análisis o la resolución del recurso vinculado a SEPIDES y el Parque Empresarial Principado de Asturias.
Desde el punto de vista de la crítica institucional, su procesamiento representa uno de los episodios más delicados del caso SEPI. El motivo no radica en la existencia de un fallo condenatorio, ya que no se ha producido, sino en el hecho de que el señalamiento recae sobre un alto cargo responsable de dirimir disputas en el ámbito de la contratación pública. Si la figura llamada a ejercer como árbitro imparcial acaba salpicada por presuntas irregularidades en adjudicaciones, la exigencia de transparencia se vuelve inquebrantable.
La pieza SEPI del caso Leire continúa expandiéndose a través de los escenarios donde se decide, se tramita y se supervisa la contratación pública. Dentro de este mapa, María de la Concepción Ortiz Fuerte surge como un personaje fundamental para determinar si los filtros de control operaron con autonomía o si terminaron viéndose salpicados por la supuesta red de presión que en este momento indaga la Audiencia Nacional.
Fuente: elDiario.es, Cadena SER, La Nueva España, RTVE, El País, Infobae y Telecinco.
